El Secretario General
del PA, Antonio Jesús Ruiz, denuncia la “persecución y política de amenaza y
derribo que el Gobierno está llevando a cabo contra las y los emigrantes
retornados a nuestra Comunidad Autónoma, al estar reclamándoles con intereses y
sancionando, a través de la AEAT, el pago de atrasos de pensiones extranjeras
no declaradas desde el año 2.008, cuando la causa de esa “no declaración” ha
sido propiciada por la propia información ofrecida por la Administración
Tributaria”.
Manifiesta, el líder
andalucista, que “tras esas actuaciones
inspectoras masivas contra las y los
emigrantes andaluces retornados y las pensiones que de otros países
perciben, no hay sino una avaricia y desesperación recaudatoria del Gobierno
del PP, ya que si hasta ahora, ni los propios funcionarios de la AEAT sabían de
la existencia de una norma que obligaba a tributar por dichas rentas,
informando en ese sentido a todo emigrante que les preguntó, ahora no puede el
Ministro de Hacienda, Sr. Montoro, decir que cabe pedir esos impuestos no
tributados, porque la obligación de su declaración estaba expuesta en la página
web del Ministerio de Hacienda. Si los propios empleados de tal Ministerio,
pese a esa página web, informaban que eran rentas exentas de tributación, ¿cómo
unos pensionistas, iban a saberlo?”
Lola de Toro,
Secretaria Nacional de Políticas Sectoriales, ha denunciado hoy “que 800.000
personas en España, entre ellas 180.000 andaluces y andaluzas retornados del
extranjero y que perciben algún tipo de pensión por trabajos desempeñados fuera
de España, están siendo sometidos a una política agresiva y desalmada por parte
del Ministerio de Hacienda, ya que este les está abriendo expedientes
sancionadores por el mero hecho de no haber declarado estar percibiendo una
pensión extranjera, imponiéndoles 150 € de multa si dicha pensión por su
cuantía no da lugar siquiera a ingresar y reclamándoles el pago de retenciones
de I.R.P.F. desde el 2008, con intereses y una multa del 50% de la cantidad
“defraudada”, (sic), si por el contrario dicha pensión daba lugar a pagar”.
Evidentemente, dice De
Toro, “se está calificando de defraudadores a personas que desconocían su
obligación de declarar tales pensiones y que ante tal desconocimiento
recurrieron a informarse ante la AEAT, siendo evidente que por el número de
“supuestos defraudadores” todos fueron informados en igual sentido por los
empleados de dicha Agencia. Curiosamente, valiéndose el Sr. Montoro de que
tales informaciones fueron verbales y que a ninguno de los afectados se le
ocurrió dudar de la información recibida, no formulando por escrito consulta
vinculante que hubiese dado lugar a una Resolución que ahora tendría valor
probatorio, ahora el Sr. Ministro de Hacienda dice que esa obligación de
declaración de tales pensiones extranjeras estaba recogida en la página Web de
la AEAT, -aunque por lo que se ve ni sus propios empleados lo sabían-, y que
por ello, todo aquél que haya omitido hacer dicha declaración ha cometido, como
mínimo, una infracción por no presentar declaración, sancionándose este caso
con multa de 150 €, y si además, revisadas las cuantías de su pensión no
declarada desde el 2008, esta daba lugar a tributación por I.R.P.F., se le
levantan actas de liquidación con intereses desde el año 2008, primero no
prescrito, hasta la fecha, y además una sanción que llega hasta el 50% de la
cantidad estimada defraudada”
Dice De Toro, que “si
la Agencia Tributaria ve normal estas reclamaciones, basándose en la mera
alegación de que se obliga a declarar las rentas que una persona obtenga en
cualquier parte del mundo porque antes no había una información del extranjero
de la que ahora la AEAT sí dispone, el desconocimiento, malfuncionamiento o
carencias de dicha Administración no puede ser desviado a una conducta culposa
del administrado, existiendo más que indicios evidentes de la buena fe de los
afectados”
Finaliza las
declaraciones Ruiz “por lo que el
Partido Andalucista va a luchar con todos los medios legales a su alcance para
que los emigrantes retornados, a partir de la fecha en que la AEAT tuvo la
información precisa, sí declaren esas pensiones, pero en ningún caso vengan
obligados a declarar unos ingresos, y menos pagar sanciones y atrasos, por unos
años en los que ni el propio órgano recaudador sabía de la existencia de esa
obligación legal, o al menos, no informaba convenientemente de la misma, ya que
de haberlo sabido, seguro que estas actuaciones se habrían llevado a cabo hace
mucho tiempo”.
